meanwhile in argentina 3: la guerra de los medios

Todos soñamos con ganar; la mayoría, con ganar absolutamente. Pero una vez en la soledad del poder, aunque parezca contradictorio, uno tiende a echar de menos la sensación de tener un rival a la altura al que enfrentarse. Le pasa, por ejemplo, a Cristina Fernández. Con el aval del 54% de los votos en las últimas presidenciales, mayoría en Diputados y Senado, la oposición atomizada y sin un líder claro y el Partido Justicialista encolumnado tras ella, la presidenta tiene pocos rivales a su altura en el ámbito político institucionalizado. De vez en cuando suenan nombres como Macri o De la Sota, pero la única verdadera amenaza al poder cristinista en ese sentido es la imposibilidad de una nueva reelección si no hay antes una reforma constitucional. El sindicalismo opositor o las varias manifestaciones que llenaron los centros de Buenos Aires y otras ciudades, verdaderas novedades políticas de este año, pese a su gran espectacularidad, tampoco suponen todavía un desafío para Cristina, principalmente porque aún no tienen expresión en la arena electoral. La presidenta, que ha hecho del estilo confrontativo una seña de identidad, estaba necesitada de un rival a su altura y lo encontró en Clarín, el diario más importante del país.

No queda muy claro hasta ahora quién empezó la guerra ni por qué, sobre todo teniendo en cuenta que, hasta 2008, el periódico había tenido excelentes relaciones con los Kirchner. Clarín, en realidad, no sólo había conseguido hacer buenas migas con Néstor y su señora, sino que antes ya había llegado a buenos contactos con Menem, Alfonsín y hasta con los militares: uno no se convierte en el mayor grupo mediático de Argentina sin pactar con Dios y el diablo. Sin embargo, la cosa se empezó a torcer a raíz de la llamada guerra contra el campo, en la que el diario pasó a aliarse con los empresarios agrarios cuando Cristina decidió aumentar la cantidad de las retenciones a las exportaciones de soja. A partir de ese momento se desató un conflicto que dura hasta hoy, en el que Clarín pasó a convertirse en el enemigo número uno del gobierno. La artillería pesada se lanzaría en ambas direcciones: el diario entraría en campaña permanente contra las políticas de Cristina y se convertiría de facto en una especie de líder opositor muy a su manera. Desde el gobierno, por su parte, se empezaría, por ejemplo, a dudar del origen de los hijos adoptados por Ernestina Herrera de Noble (directora del periódico), de los que se sospechaba que habían sido raptados durante la dictadura, pero, sobre todo, como arma principal para arrebatar el enorme poder que atesora Clarín (que incluye varios diarios, incluido el deportivo Olé, emisoras de radio, canales de televisión, servicio de cable), se aprobó en 2009 la llamada ley de medios.

La ley de medios se justificaba, muy inteligentemente, con el hecho de que la todavía vigente legislación sobre el tema data de la dictadura de 1976 (ya saben, el gobierno de Cristina es derechos humanos 100 %) y con el muy loable fin de ganar en una mayor democratización mediática. Claro que, de paso, contenía varios puntos que herían de lleno el poder de Clarín. Principalmente, limitaba la cantidad de licencias de radio y televisión que podía poseer un solo conglomerado. Ello afectaba también a otros grupos, incluidos PRISA, que también posee intereses en el país, pero tocaba sobre todo a Clarín por ser, con diferencia, el grupo mediático más grande.

La ley fue aprobada en 2009, pero Clarín y el resto disfrutaron de un periodo de tres años para desinvertir (eufemismo que equivale a desprenderse de sus licencias) hasta adecuarse a las cantidades propuestas por la nueva legislación. Llegados al 7 de diciembre de 2012, fecha en la que expiraba ese plazo, la mayoría había conseguido reciclarse a la nueva situación (aunque fuera con triquiñuelas como dividir formalmente el susodicho grupo mediático entre distintos socios), salvo Clarín, que decidió presentar batalla legal y protestar por la inconstitucionalidad de la ley de medios. Y, de momento, la cosa queda en empate, lo que no deja de ser una pequeña derrota para el gobierno. El 6 de diciembre, la Cámara Civil y Comercial prorrogó la medida cautelar que deja al grupo tal y como está hasta que no se dé una sentencia definitiva sobre la cuestión. Cristina intentó saltarse el camino habitual para que fuera la Corte Suprema la que se expidiera sobre el tema, pero esta rechazó hacerse cargo del asunto y devolvió la pelota a la Cámara Civil y Comercial, juzgado de segunda instancia, que tendrá que resolver la constitucionalidad o no de la ley. Una vez que se llegue a ese punto, si eso (es decir, si una de las partes apela) será la máxima magistratura quien se deba expedir sobre el futuro del grupo Clarín. Pero hasta entonces, tablas y un largo tiempo hasta la resolución final. Por supuesto, la batalla continuará desde otros cauces y en año electoral (en 2013 hay legislativas) promete ser entretenida.